Un intercambio de mensajes dio cuenta de la coordinación de la Comisión de Evaluación Ambiental de la RM -liderada por la delegada presidencial, Constanza Martínez- para rechazar el proyecto de la inmobiliaria Fundamenta.
Una serie de mensajes a través de WhatsApp fueron parte de los argumentos para detener a Fundamenta y su megaproyecto emplazado en la comuna de Ñuñoa -bautizado como Egaña Comunidad Sustentable-, lo que podría dar paso a nuevas acciones legales por parte de la firma.

A poco más de ocho meses de la sesión de la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de la Región Metropolitana que rechazó la iniciativa y detuvo su construcción, esta semana se conocieron nuevos antecedentes sobre la votación que dieron cuenta de una coordinación entre las seremis y la delegada presidencial, Constanza Martínez. Y es que pese a que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) había recomendado a la instancia aprobar el proyecto inmobiliario, la Coeva desestimó la inversión de US$300 millones por la mayoría de sus integrantes. En concreto se dieron a conocer mensajes que constan en una denuncia ante la Contraloría, realizada el pasado 16 de diciembre, por la ex seremi metropolitana de Desarrollo Social, Patricia Hidalgo, quien acusó que las razones de su salida respondían a represalias en su contra por cuestiones políticas y presiones por parte de la delegada Martínez. En su requerimiento, Hidalgo adjuntó una copia de la conversación de un grupo de WhatsApp, llamado “Comisión Ambiental” que creó el jefe de gabinete de Martínez, Miguel Concha, el 4 de abril de 2022, que deja en evidencia la organización que derivó en el resultado: 5 votos en contra y solo 2 a favor del proyecto, que correspondieron al SEA y la seremi de Vivienda. Frente a esto, desde Fundamenta señalaron que estudian presentar acciones legales y esperan que esto sirva para que la Corte Suprema legitime el apego a derecho de la iniciativa, cuya construcción comenzó hace tres años y por la que ya se han desembolsado US$100 millones del presupuesto total. El presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Juan Armando Vicuña, afirmó que “esta situación revelada por la prensa deja en evidencia cómo se usó una ideología política para detener un proyecto que ha cumplido con toda la normativa exigida por la ley. Sin argumentos técnicos, un grupo de funcionarios públicos recién asumidos entregó una resolución sin sustento que, entre otras cosas, dejó a 1.500 trabajadores desempleados”. Vicuña añadió que “quisiera creer que esta suerte de colusión de los seremis es un hecho aislado. Por lo mismo, es importante que sea investigada, y si amerita, sancionada”.

Fuente: Emol, Diciembre