Publicado el 23/06/2026
Con una publicación en el Diario Oficial, el pasado 10 de junio, Papudo inició el proceso para introducir la primera modificación al Plan Regulador Comunal (PRC), que rige desde 2023. La iniciativa, que divide a su concejo, se trata de un avenimiento entre la alcaldesa Claudia Adasme (RN) y la inmobiliaria Papudo Playa Grande S.A., propietaria del último paño costero libre de edificación al sur del balneario. La empresa alega que las condiciones que impone el actual PRC impiden en la práctica toda edificación en las ocho hectáreas de su propiedad, el único terreno de ese límite urbano sin desarrollar inmobiliariamente, comercial o industrialmente. Considera que la real, agravada con Área Verde Protegida (AVP-1) o Zona de Equipamiento de Borde Costero (ZE). Por eso, el mismo año de la promulgación interpuso un reclamo de ilegalidad acusando presuntas infracciones legales en su tramitación y solicitando a la Corte de Valparaíso no solo dejar sin efecto la zona AVP-1, sino todo el nuevo Plan Regulador, lo que retrotraería las normas a las del anterior PRC, 1994. A fines del año pasado, el municipio y Playa Grande S.A. acordaron una salida extrajudicial, que pasa por modificar ese seccional con normas de establecer bajos criterios determinados de común acuerdo y que le permitan levantar edificaciones de una menor extensión. A la vez, tampoco se compromete a ceder, urbanizar a su costo y como bien nacional de uso público, una porción de su terreno.
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